El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %, el más alto en la historia reciente del país. La decisión fue adoptada como medida cautelar mientras se estudian cerca de 30 demandas presentadas contra el acto administrativo.
La orden del alto tribunal obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días calendario, ajustado a los parámetros económicos y constitucionales establecidos en la ley.
Un aumento histórico bajo revisión
El decreto suspendido establecía un incremento del 23,7 %, cifra que superaba ampliamente los aumentos de años anteriores y que fue presentada por el Gobierno como una estrategia para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.
Sin embargo, los demandantes señalaron que el acto no desarrolló de manera clara y suficiente los criterios técnicos exigidos por el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. Esta norma obliga a tener en cuenta factores como la inflación causada y proyectada, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento del PIB y la meta de inflación.
Según el análisis preliminar del tribunal, el decreto no explicó de forma rigurosa cómo se aplicaron estos parámetros, lo que justificó la suspensión provisional.
¿Qué ordenó el alto tribunal?
En el auto, el Consejo de Estado dispuso que el Gobierno Nacional debe expedir y publicar un nuevo decreto que fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026, el cual regirá mientras se dicta sentencia definitiva.
El documento precisa que la medida cautelar busca “proteger y garantizar, de forma temporal, el objeto del proceso y la efectividad de una eventual sentencia favorable”, y aclara que no se trata de un prejuzgamiento sobre la legalidad final del decreto suspendido.
En consecuencia, el incremento del 23,7 % queda congelado hasta que el Ejecutivo establezca una nueva cifra sustentada técnicamente.
Antecedente en 2017
El único antecedente similar se registró en 2017, cuando el alto tribunal anuló un decreto de salario mínimo por considerar que el incremento era insuficiente y ordenó reajustarlo al alza. En esta ocasión, la discusión no gira en torno a si el aumento es alto o bajo, sino a la correcta aplicación de los criterios macroeconómicos exigidos por la ley.
Expectativa económica y jurídica
La decisión abre un nuevo escenario para trabajadores, empleadores y sectores productivos, que ahora quedan a la espera del nuevo decreto provisional. El Gobierno deberá fundamentar técnicamente el porcentaje que adopte, atendiendo los lineamientos constitucionales y el desarrollo jurisprudencial citado por el tribunal.
El debate de fondo continuará en los estrados judiciales, donde se definirá si el decreto inicial cumple o no con los requisitos legales para mantenerse en firme.
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